Los miembros de INSP!R –sindicatos, mutualidades de salud, organizaciones de mujeres, jóvenes, de personas de edad, trabajadores migrantes o precarios– contribuyen todos al trabajo decente en sus países. De los 4 pilares del Programa de Trabajo Decente, INSP!R promueve principalmente el que se relaciona con los derechos a la protección social (universal), a través de la creación de trabajo decente, los derechos laborales y el diálogo social. Estas estrategias permiten la multiplicación de los cambios en el plano de las prácticas y políticas de los beneficiarios finales: las/los trabajadoras/es de la economía informal en situaciones de vulnerabilidad y precariedad laboral, sus familias y los grupos sociales en la precariedad.
Trabajamos en multitud de temas que son herramientas para luchar contra la protección social universal :
La economía social y solidaria (ESS)
La economía social y solidaria (ESS) está compuesta por empresas y organizaciones cuya característica consiste precisamente en producir bienes, servicios y conocimientos mientras persigue objetivos tanto económicos como sociales y fomenta la solidaridad. Según la OIT, la EES es una solución viable para reequilibrar los objetivos económicos, sociales y medioambientales. Las organizaciones de la ESS cuentan con enfoques regidos por unos valores y centrados en el ser humano para enfrentar los desafíos del mundo del trabajo en transformación y, por lo tanto, ayudan a construir una nueva economía que aspira a la justicia social y el trabajo decente.
El acceso al empleo
Los cambios prácticos y políticos logrados por INSP!R proporcionan un acceso sostenible a los empleos decentes, y garantizan los derechos laborales, el acceso a una protección social universal para todas/os, con un diálogo social o estructural con los interlocutores sociales y la sociedad civil. La red se compromete a cooperar con los sindicatos que aplican y monitorean en sus países las normas de trabajo decente. Dentro de la red INSP!R se comparten herramientas con otras organizaciones miembros para ayudar a garantizar el respeto de estos estándares en su estrategia de intervención y cooperación.
El acceso a la salud
La igualdad de acceso a una atención de salud de calidad, que constituye uno de los cuatro componentes del piso de protección social (OIT, R 202), es un componente esencial de la acción de INSP!R. La red junta a múltiples actores como los sindicatos, los movimientos sociales de mujeres, de personas de edad, con discapacidad o afectadas por el VIH/sida, con otras partes interesadas en los planos nacional, regional e internacional. También organiza intercambios estructurales con la mutualidad de salud de Bélgica, que presta una gran atención a los determinantes de la salud y promueve la Salud en todas las políticas (HIaP, por sus siglas en inglés). Las mutualidades de salud desempeñan un papel activo en el desarrollo de la atención sanitaria básica y la disponibilidad de productos farmacéuticos esenciales en el contexto de las políticas de su país. También abogan, en nombre de sus pacientes, a favor del acceso a una atención de salud de calidad. Al fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y desarrollar las redes INSP!R, se garantiza una participación más representativa e independiente de la sociedad civil, que se encuentra en capacidad de contribuir al desarrollo de sistemas de salud más sólidos a más largo plazo. El objetivo sigue siendo la cobertura sanitaria universal, a través de un apoyo jurídico adecuado y de subsidios para determinados grupos, que permiten asegurar que nadie se quede atrás.
La igualdad de género
INSP!R considera que la igualdad de género es esencial para garantizar que el desarrollo sea sostenible e incluyente. Por lo tanto, se compromete a contribuir a la implementación de las legislaciones internacional, europea y belga existentes en este ámbito, como el ODS 5, destinado a «lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas». La red utiliza un enfoque basado en los derechos para no dejar a nadie atrás, y se basa en los convenios pertinentes de la OIT, como los Convenios 100 y 111, que prohíben todas las formas de discriminación, y el más reciente, el Convenio 190 sobre la violencia por motivos de género.
La diligencia debida en materia de derechos humanos (HRDD)
La diligencia debida en materia de derechos humanos (HRDD) es un modelo que permite responsabilizar a las empresas por su impacto en las personas y el planeta. Estas normas sobre la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y de medio ambiente deberían exigir que todas las empresas, desde los gigantes de los combustibles fósiles y la agroindustria hasta las tiendas de moda y los fabricantes de electrónica, establezcan políticas eficaces para garantizar que los derechos humanos y el medio ambiente no se vean perjudicados por sus operaciones internacionales y cadenas de suministro. Se trata de un punto de acción determinante para INSP!R, en su esfuerzo por promover el trabajo decente y los derechos a la protección social en todo el mundo.
El medio ambiente
INSP!R promueve la vida y el trabajo decentes en un planeta sostenible, para que nadie se quede atrás. Por lo tanto, la economía necesita estar al servicio del bienestar de las personas, respetando los ecosistemas de nuestro planeta. También debería valorar la cooperación y la redistribución equitativa, en lugar de la competencia y la maximización de los beneficios. En este sentido, las soluciones requieren una amplia alianza internacional entre la sociedad civil, las empresas y los líderes políticos, a los efectos de llevar a cabo la transición hacia una economía baja en carbono que valore a las personas y el planeta en los procesos de producción y consumo. La protección social y la protección del medio ambiente son dos objetivos inseparables que se refuerzan mutuamente.
La incidencia
Para lograr un cambio sistémico, INSP!R debe ejercer todo su peso en las decisiones políticas relativas a los derechos a la protección social en los planos nacional, regional e internacional. En este sentido, la red interviene en calidad de experto en el tema, aprovechando la experiencia de las cien o tantas organizaciones en el campo, que representa. Su trabajo de incidencia se apoya también en las numerosas alianzas que ha podido forjar con reconocidas organizaciones de la sociedad civil y con organismos internacionales.
La seguridad social
Según la OIT, la seguridad social es un derecho humano que responde a una necesidad universal de protección contra ciertos riesgos de la vida y necesidades sociales. En los países que han desarrollado, para sus ciudadanas/os, un sistema de cobertura social digno de este nombre, la seguridad social se corresponde con el sistema formal de protección social. Por lo general, prevé una indemnización en efectivo y/o en especie en caso de ausencia o pérdida de ingresos (enfermedad, embarazo, vejez, viudez, etc.).
La formación profesional
La defensa de los derechos a la protección social presupone la oferta de oportunidades de trabajo decente que dan acceso a una protección social integral. De ahí la importancia de una formación profesional de calidad y asequible para todas/os, impartida por especialistas competentes, centrada en sectores prometedores, mediante estrategias de integración profesional acordes con las realidades del mercado de trabajo, y en favor de la igualdad de género y el respeto del medio ambiente.
El fortalecimiento de las capacidades
El fortalecimiento de las capacidades de los miembros y beneficiarias/os es una estrategia clave para lograr la sostenibilidad técnica, social y financiera de la red y, por ende, la defensa de los derechos a la protección social para todas/os. Puede adoptar la forma de unas acciones de sensibilización o de una capacitación interna, pero también de interacciones basadas en una formación recíproca entre las organizaciones miembro de INSP!R, dentro de un mismo país, continente o a escala internacional.
La investigación
Para exigir el respeto de los derechos a la protección social de las/los trabajadoras/es en el mundo, INSP!R necesita poder basarse en datos concretos y objetivos que reflejen la realidad sobre el terreno de las personas que deba representar y defender
