Pronunciamiento 8M Día Internacional de la Mujer Trabajadora
En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las organizaciones sociales, sindicales y continentales que nos articulamos en la Red INSP!R América Latina y el Caribe por el derecho a la protección social, manifestamos y reafirmamos nuestro compromiso con la lucha y defensa de los derechos laborales de las mujeres y su aporte fundamental en los cambios sociales, económicos y políticos a lo largo de la historia y al presente, para construir una sociedad más justa, solidaria y equitativa.
Esta fecha nos convoca a reflexionar sobre los avances logrados en materia de derechos, pero, sobre todo, los desafíos pendientes para su ejercicio efectivo. Persisten profundas desigualdades, la división
sexual del trabajo, las brechas salariales, la precarización del trabajo de cuidados —remunerado y no remunerado—, la violencia y el acoso laboral, así como la falta de protección social, que afectan con mayor crudeza a las mujeres. Según la OIT, en 2024 la participación laboral de las mujeres en la región sigue viéndose afectada por la persistente informalidad, una característica predominante del mercado de trabajo. La tasa de informalidad alcanzó el 47,6%, una leve reducción respecto a 2023 (48%). Sin embargo, este escenario sigue limitando el acceso de muchas mujeres a empleos de calidad con contratos formales, ingresos
estables y seguridad social. La precariedad laboral y la vulnerabilidad económica resultantes profundizan aún más las brechas de desigualdad e inclusión social.
Las actuales políticas migratorias restrictivas y contrarias a los derechos humanos impactan severamente a las mujeres que migran en busca de empleo, muchas de ellas en condiciones de precariedad. A pesar de estas dificultades, las remesas que envían con el fruto de su trabajo contribuyen significativamente a mejorar la calidad de vida y la salud de sus familias, además de fortalecer las economías de sus países de origen (ONU Mujeres, 2021). Actualmente, las mujeres
representan casi la mitad de la población trabajadora migrante en el mundo. Sin embargo, con frecuencia desempeñan trabajos que las exponen a graves violaciones de sus derechos humanos y laborales, enfrentando acoso, intimidación, amenazas, explotación sexual y económica, discriminación racial, xenofobia y abusos laborales.
Es impostergable transformar la injusta organización social de los cuidados, que vulnera los derechos de las mujeres y limita su autonomía económica, además de profundizar desigualdades sociales,
económicas y simbólicas. La construcción de sistemas integrales de cuidados, basados en un enfoque de derechos y en la corresponsabilidad de los Estados, la sociedad civil y el sector privado, es un paso
esencial hacia la equidad, la justicia social y la sostenibilidad.
Por lo mencionado, demandamos a los estados como garantes de derecho:
• Implementar y reforzar políticas públicas que aseguren el acceso de las mujeres a empleos dignos, con contratos formales, salarios justos, condiciones laborales seguras y acceso a la protección social.
• Ratificar e implementar el Convenio 190 y su Recomendación 206, el Convenio 156 y su Recomendación 165 y el Convenio 189 y su Recomendación 201 de la OIT con especial atención a las mujeres trabajadoras en contextos de informalidad y migración.
• A diez años de la adopción de la Resolución 204 de la OIT sobre trabajo decente y economía informal, es urgente garantizar a las mujeres igualdad de oportunidades en el acceso y disfrute del trabajo decente; como a la seguridad social, reconociendo que la feminización de la pobreza y la discriminación por género, edad, origen étnico o discapacidad aumentan su vulnerabilidad a la informalidad.
• Monitorear y tomar medidas inmediatas y efectivas frente a políticas migratorias atentatorias a los estándares internacionales de derechos humanos, asegurando la protección de los derechos laborales y humanos de las mujeres migrantes.
• Desarrollar e implementar sistemas integrales de cuidados en corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado, la clase trabajadora organizada y la sociedad civil, con un enfoque de derechos y trabajo decente reconociendo, redistribuyendo, reduciendo, recompensando y garantizando la representación y negociación colectiva.
• Promover y garantizar la participación efectiva e impulsar la paridad de género en los ámbitos sindicales, laborales y políticos, espacios de diálogo social, negociación colectiva.
• Camino a la Segunda Cumbre de Desarrollo Social y a cinco años de cumplirse la Agenda 2030 es imperante fortalecer las acciones y políticas públicas para el cumplimiento de los compromisos
internacionales en materia de igualdad de género, trabajo decente y protección social, asegurando que no haya retrocesos en los derechos conquistados por las mujeres.
¡8M con igualdad, derechos laborales y protección social para todas!
Esta fecha nos convoca a reflexionar sobre los avances logrados en materia de derechos, pero, sobre todo, los desafíos pendientes para su ejercicio efectivo. Persisten profundas desigualdades, la división
sexual del trabajo, las brechas salariales, la precarización del trabajo de cuidados —remunerado y no remunerado—, la violencia y el acoso laboral, así como la falta de protección social, que afectan con mayor crudeza a las mujeres. Según la OIT, en 2024 la participación laboral de las mujeres en la región sigue viéndose afectada por la persistente informalidad, una característica predominante del mercado de trabajo. La tasa de informalidad alcanzó el 47,6%, una leve reducción respecto a 2023 (48%). Sin embargo, este escenario sigue limitando el acceso de muchas mujeres a empleos de calidad con contratos formales, ingresos
estables y seguridad social. La precariedad laboral y la vulnerabilidad económica resultantes profundizan aún más las brechas de desigualdad e inclusión social.
Las actuales políticas migratorias restrictivas y contrarias a los derechos humanos impactan severamente a las mujeres que migran en busca de empleo, muchas de ellas en condiciones de precariedad. A pesar de estas dificultades, las remesas que envían con el fruto de su trabajo contribuyen significativamente a mejorar la calidad de vida y la salud de sus familias, además de fortalecer las economías de sus países de origen (ONU Mujeres, 2021). Actualmente, las mujeres
representan casi la mitad de la población trabajadora migrante en el mundo. Sin embargo, con frecuencia desempeñan trabajos que las exponen a graves violaciones de sus derechos humanos y laborales, enfrentando acoso, intimidación, amenazas, explotación sexual y económica, discriminación racial, xenofobia y abusos laborales.
Es impostergable transformar la injusta organización social de los cuidados, que vulnera los derechos de las mujeres y limita su autonomía económica, además de profundizar desigualdades sociales,
económicas y simbólicas. La construcción de sistemas integrales de cuidados, basados en un enfoque de derechos y en la corresponsabilidad de los Estados, la sociedad civil y el sector privado, es un paso
esencial hacia la equidad, la justicia social y la sostenibilidad.
Por lo mencionado, demandamos a los estados como garantes de derecho:
• Implementar y reforzar políticas públicas que aseguren el acceso de las mujeres a empleos dignos, con contratos formales, salarios justos, condiciones laborales seguras y acceso a la protección social.
• Ratificar e implementar el Convenio 190 y su Recomendación 206, el Convenio 156 y su Recomendación 165 y el Convenio 189 y su Recomendación 201 de la OIT con especial atención a las mujeres trabajadoras en contextos de informalidad y migración.
• A diez años de la adopción de la Resolución 204 de la OIT sobre trabajo decente y economía informal, es urgente garantizar a las mujeres igualdad de oportunidades en el acceso y disfrute del trabajo decente; como a la seguridad social, reconociendo que la feminización de la pobreza y la discriminación por género, edad, origen étnico o discapacidad aumentan su vulnerabilidad a la informalidad.
• Monitorear y tomar medidas inmediatas y efectivas frente a políticas migratorias atentatorias a los estándares internacionales de derechos humanos, asegurando la protección de los derechos laborales y humanos de las mujeres migrantes.
• Desarrollar e implementar sistemas integrales de cuidados en corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado, la clase trabajadora organizada y la sociedad civil, con un enfoque de derechos y trabajo decente reconociendo, redistribuyendo, reduciendo, recompensando y garantizando la representación y negociación colectiva.
• Promover y garantizar la participación efectiva e impulsar la paridad de género en los ámbitos sindicales, laborales y políticos, espacios de diálogo social, negociación colectiva.
• Camino a la Segunda Cumbre de Desarrollo Social y a cinco años de cumplirse la Agenda 2030 es imperante fortalecer las acciones y políticas públicas para el cumplimiento de los compromisos
internacionales en materia de igualdad de género, trabajo decente y protección social, asegurando que no haya retrocesos en los derechos conquistados por las mujeres.
¡8M con igualdad, derechos laborales y protección social para todas!
