En esta fecha de reivindicación las más de treinta organizaciones sociales, sindicales y continentales que se articulan en la Red INSP!R América Latina y Caribe por el derecho a la protección social, reafirmamos nuestro compromiso social por la lucha y defensa de los derechos laborales y el reconocimiento al papel fundamental de las mujeres trabajadoras a lo largo de la historia y en las actuales generaciones.
América Latina y el Caribe persiste en una deuda histórica con las mujeres marcada por las brechas de la desigualdad de género y la segregación en el ámbito laboral, atentando contra su autonomía física, económica; dificultando la posibilidad de acceder a empleos dignos y sin discriminación; puestos de liderazgo e igualdad salarial por trabajo de igual valor; además de la ausencia de protección social, generando mayores posibilidades de sufrir acoso y violencia en sus espacios laborales, poniendo en riesgo la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones en la vida política, sindical, económica, cultural y pública.
Durante el 2023 según datos de la OIT, la participación laboral femenina regional fue de un 51%, 23 puntos porcentuales inferior a la de los hombres (74%), enfatizando la importancia de poner atención sobre la equidad laboral de género, propiciando acciones orientadas a evitar la precarización del empleo formal que afecta altamente a las mujeres y atentan contra el trabajo decente, haciendo un llamado para afrontar los retos estructurales para alcanzar la protección social universal frente a las condiciones de informalidad que día a día golpean con más fuerza a la región.
Es imperativo invertir en mayor financiamiento destinado a medidas para avanzar hacia la igualdad de género enfrentando el déficit anual de 360.000 millones de dólares (ONU Mujeres, 2024), analizando la perspectiva económica y social, así como los impactos y desafíos para la autonomía y participación de las mujeres en la región.
Frente a ello, las organizaciones de la Red INSP!R demandamos a los Estados:
• Generar e impulsar políticas públicas para frenar la feminización de la pobreza que reflejan las desigualdades y la precarización en la participación del mercado laboral.
• Demandar la urgente ratificación e implementación de los Convenios 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y su Recomendación 206; Convenio 100 sobre igualdad de remuneración y su Recomendación 90; Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares y su Recomendación 165.
• Implementar medidas tangibles para superar nudos estructurales como la desigualdad socioeconómica y la pobreza; la división sexual del trabajo; la concentración del poder y los patrones culturales patriarcales; que impiden la igualdad de género encaminadas a lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la agenda de trabajo decente.
• Impulsar mayor equidad en las oportunidades laborales implementando acciones que faciliten el acceso de las mujeres a la educación y la formación profesional.
• Fortalecer e impulsar la participación de las mujeres en el diálogo social tripartito y espacios de negociación colectiva para demandar las consecuencias de las brechas de la desigualdad y buscar la justicia social y de género.
• Promover la corresponsabilidad del Estado, sector privado empresas y sociedad civil para impulsar la transición a una sociedad de cuidados, reconociendo el valor y aporte fundamental a la economía global del trabajo de cuidado no remunerado (en promedio 3,2 veces de tiempo que las mujeres destinan más que los hombres a la prestación de cuidados) y el trabajo remunerado.
• Ampliar el acceso a los sistemas de protección y seguridad social, con perspectiva de género, incorporando a las mujeres que han dedicado sus vidas al trabajo de cuidado reproductivo, trabajadoras domésticas, mujeres del campo y trabajadoras informales.
• Reforzar mecanismos frente a cualquier tipo de discriminación ocupacional hacia las mujeres debido a raza, edad, condición migrante, origen étnico-racial, discapacidad o pertenencia a grupos vulnerables, debiendo respetar su derecho fundamental a trabajar en igualdad de oportunidades.
Es crucial que el mundo del trabajo en nuestra región garantice la participación de las mujeres y hombres en condiciones de igualdad de género en el marco de las normas y principios fundamentales de los derechos humanos y laborales.
¡trabajo decente con oportunidades y condiciones
para todas y todos!
América Latina y el Caribe persiste en una deuda histórica con las mujeres marcada por las brechas de la desigualdad de género y la segregación en el ámbito laboral, atentando contra su autonomía física, económica; dificultando la posibilidad de acceder a empleos dignos y sin discriminación; puestos de liderazgo e igualdad salarial por trabajo de igual valor; además de la ausencia de protección social, generando mayores posibilidades de sufrir acoso y violencia en sus espacios laborales, poniendo en riesgo la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones en la vida política, sindical, económica, cultural y pública.
Durante el 2023 según datos de la OIT, la participación laboral femenina regional fue de un 51%, 23 puntos porcentuales inferior a la de los hombres (74%), enfatizando la importancia de poner atención sobre la equidad laboral de género, propiciando acciones orientadas a evitar la precarización del empleo formal que afecta altamente a las mujeres y atentan contra el trabajo decente, haciendo un llamado para afrontar los retos estructurales para alcanzar la protección social universal frente a las condiciones de informalidad que día a día golpean con más fuerza a la región.
Es imperativo invertir en mayor financiamiento destinado a medidas para avanzar hacia la igualdad de género enfrentando el déficit anual de 360.000 millones de dólares (ONU Mujeres, 2024), analizando la perspectiva económica y social, así como los impactos y desafíos para la autonomía y participación de las mujeres en la región.
Frente a ello, las organizaciones de la Red INSP!R demandamos a los Estados:
• Generar e impulsar políticas públicas para frenar la feminización de la pobreza que reflejan las desigualdades y la precarización en la participación del mercado laboral.
• Demandar la urgente ratificación e implementación de los Convenios 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y su Recomendación 206; Convenio 100 sobre igualdad de remuneración y su Recomendación 90; Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares y su Recomendación 165.
• Implementar medidas tangibles para superar nudos estructurales como la desigualdad socioeconómica y la pobreza; la división sexual del trabajo; la concentración del poder y los patrones culturales patriarcales; que impiden la igualdad de género encaminadas a lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la agenda de trabajo decente.
• Impulsar mayor equidad en las oportunidades laborales implementando acciones que faciliten el acceso de las mujeres a la educación y la formación profesional.
• Fortalecer e impulsar la participación de las mujeres en el diálogo social tripartito y espacios de negociación colectiva para demandar las consecuencias de las brechas de la desigualdad y buscar la justicia social y de género.
• Promover la corresponsabilidad del Estado, sector privado empresas y sociedad civil para impulsar la transición a una sociedad de cuidados, reconociendo el valor y aporte fundamental a la economía global del trabajo de cuidado no remunerado (en promedio 3,2 veces de tiempo que las mujeres destinan más que los hombres a la prestación de cuidados) y el trabajo remunerado.
• Ampliar el acceso a los sistemas de protección y seguridad social, con perspectiva de género, incorporando a las mujeres que han dedicado sus vidas al trabajo de cuidado reproductivo, trabajadoras domésticas, mujeres del campo y trabajadoras informales.
• Reforzar mecanismos frente a cualquier tipo de discriminación ocupacional hacia las mujeres debido a raza, edad, condición migrante, origen étnico-racial, discapacidad o pertenencia a grupos vulnerables, debiendo respetar su derecho fundamental a trabajar en igualdad de oportunidades.
Es crucial que el mundo del trabajo en nuestra región garantice la participación de las mujeres y hombres en condiciones de igualdad de género en el marco de las normas y principios fundamentales de los derechos humanos y laborales.
¡trabajo decente con oportunidades y condiciones
para todas y todos!
