Las organizaciones sociales y sindicales que se articulan en la Red INSPIR de América Latina y el Caribe por el derecho a la protección social denunciamos y rechazamos enérgicamente las políticas migratorias inhumanas e injustificadas implementadas por el gobierno de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. La militarización de las fronteras, las deportaciones masivas indiscriminadas y la criminalización de la migración constituyen graves violaciones de los derechos humanos, laborales y sociales, perpetuando un sistema de exclusión y explotación que somete a millones de personas a condiciones de vulnerabilidad extrema.
 

La actual crisis migratoria refleja el fracaso de las políticas económicas y sociales que han profundizado las desigualdades estructurales en nuestra región. Miles de personas expulsadas de sus territorios en
busca de mejores condiciones de vida se enfrentan hoy al retorno forzado, sin garantías de reinserción, sin acceso a empleo digno, sin protección social y en condiciones de pobreza extrema.
 

Denunciamos que esta crisis ha generado:
• Desestabilización económica: La expulsión masiva de migrantes y la pérdida de remesas esenciales están incrementando la pobreza, el desempleo y la desigualdad en los países de origen.
• Colapso de los sistemas públicos: La falta de políticas públicas adecuadas está generando una presión insostenible sobre los servicios básicos, incrementando la exclusión social.
• Violencia y explotación laboral: La desesperación empuja a las personas migrantes retornadas a condiciones laborales indignas, favoreciendo la trata de personas y el abuso sistemático.
Además, identificamos también como factores agravantes de la crisis migratoria:
• Demanda de drogas en Estados Unidos: Principal consumidor mundial, su crisis de salud pública alimenta el narcotráfico, la violencia y los desplazamientos forzados en nuestra región.
• Armamentismo estadounidense: El tráfico de armas desde Estados Unidos fortalece a bandas criminales, agrava la violencia y despoja a comunidades de oportunidades de desarrollo.
• Crisis climática: Estados Unidos, como mayor emisor histórico, es responsable de desastres que destruyen medios de vida y fuerzan la migración.
 

Exigimos el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados, incluyendo:
• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1GG0): Este tratado, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece estándares para la protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias.
• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1G51) y su Protocolo (1G67): Estos instrumentos definen quién es un refugiado y establecen los derechos de los individuos que reciben asilo, así como las responsabilidades de las naciones que los conceden.
• Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Particularmente los Convenios 97 y 143, que abordan las migraciones laborales y buscan proteger a los trabajadores migrantes contra condiciones abusivas y promover la igualdad de oportunidades y de trato.
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1G48): Adoptada en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), esta declaración reconoce derechos fundamentales aplicables a todas las personas, incluyendo a los migrantes.• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1G66): Este pacto garantiza derechos esenciales, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, que deben ser respetados sin discriminación alguna.
• Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018): Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca promover una migración que respete los derechos humanos y asegure condiciones dignas para las personas migrantes.
 

Asimismo, exhortamos a las agencias del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano a redoblar esfuerzos para atender las causas estructurales que generan la migración, como la pobreza, la
desigualdad, el cambio climático y los conflictos armados.

Hacemos un llamado a los países desarrollados, en particular al Norte Global, para que cumplan con su deber y obligación de contribuir a la cooperación para el desarrollo sostenible, garantizando trabajo decente y oportunidades reales que permitan mitigar las causas de la migración forzada.
 

Exigimos acciones inmediatas a los gobiernos de los estados unidos y de américa latina y el caribe:
1. Al gobierno de los Estados Unidos:
• Cese inmediato de las deportaciones masivas que violentan los derechos fundamentales de las personas migrantes.
• Cumplimiento de los tratados internacionales, garantizando procedimientos migratorios justos y humanos.
• Reconocimiento de la contribución de las personas migrantes, asegurando su acceso a derechos laborales y sociales sin discriminación ni persecución.
2. A los gobiernos de América Latina y el Caribe:
• Acción coordinada y responsabilidad compartida, implementando políticas efectivas de protección y defensa de los migrantes. Trabajar de manera articulada para presentar propuestas conjuntas que garanticen una respuesta integral, coordinada y sostenible ante esta crisis.
• Programas de reintegración social y económica, garantizando empleo digno, acceso a la salud y educación.
• Mecanismos regionales de apoyo y protección, promoviendo la solidaridad y la justicia social.
• Programas de empleo decente y economía social y solidaria para garantizar medios de vida sostenibles.
• Garantía de los derechos laborales y de seguridad social para las personas retornadas, evitando su explotación.
• implementación de políticas efectivas que garanticen condiciones para acceder a trabajos decentes con oportunidades reales de desarrollo para reducir la migración forzada y evitar las deportaciones masivas que vulneran los derechos humanos de nuestra población
• Un llamado a los países que forman parte de los corredores de migración para garantizar los derechos fundamentales de las personas migrantes, asegurando su protección frente a abusos y violaciones a sus derechos humanos
 

La crisis migratoria no es solo un problema de movilidad, es una crisis de derechos humanos, de injusticia social y de falta de oportunidades. Las organizaciones que conformamos la Red INSPIR reiteramos nuestro
compromiso en la defensa de los derechos de las personas migrantes y retornadas, y exigimos respuestas inmediatas y efectivas de los gobiernos de la región

Las organizaciones sociales y sindicales que integramos la Red INSPIR reafirmamos nuestra unidad y compromiso en la lucha por la defensa y preservación de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Frente a estos ataques abusivos, nos mantenemos firmes, en unidad y en constante resistencia, porque la solidaridad y la lucha colectiva son nuestra mayor fortaleza para construir una sociedad más justa e inclusiva
 

¡Exigimos justicia, dignidad y respeto para las personas migrantes!