La crisis social, económica, medio ambiental y sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 y el actual sistema económico capitalista han develado con mayor fuerza que la lucha no ha terminado, las brechas se han profundizado en una persistente división sexual del trabajo, exclusión del mercado laboral, precarización del trabajo con rostro de mujer; visibilizando las desigualdades de género en la distribución del cuidado remunerado y no remunerado que recae con mayor peso y crudeza sobre las mujeres, constituyéndose en una barrera para el acceso a su educación, a un trabajo decente, al acceso al menos a un sistema de la protección social, a su autonomía económica, poniendo en riesgo su salud, su bienestar y su desarrollo.
Manifestamos nuestra preocupación ante cifras como 76,2% del tiempo que dedican las mujeres al trabajo de cuidados no remunerado (OIT, 2019), que dan lugar a incrementar su participación en el sector informal, lo que conlleva la ausencia de beneficios de cobertura sanitaria y de protección social, y las expone a enfrentar situaciones de discriminación y violencia; generando mayor vulnerabilidad interseccional por razones de edad, orientación sexual y género, discapacidad, condición económica, origen étnico-racial, condición de migratoria, entre otras.
Es importante resaltar el aporte histórico de las mujeres en la sostenibilidad de la sociedad, la vida y el medio ambiente a través de los cuidados; que por años ha sido invisibilizado dando lugar a la desigualdad para el ejercicio pleno de sus derechos; ante esta realidad consideramos impostergable transitar hacia una sociedad de cuidado corresponsable y equitativa, que permita superar los nudos estructurales de las desigualdades de género con una reorganización social y política de los cuidados para alcanzar una igualdad sustantiva. Apostar por la formalización y el trabajo decente en el sector del cuidado es una inversión crucial para avanzar hacia la igualdad de género.
Por lo tanto, exigimos la importancia de reconocer el cuidado como un derecho humano, garantizando a cada persona el derecho a cuidar, a ser cuidado y autocuidarse a lo largo de la vida como parte de la dignidad humana; sin discriminación basado en el principio de corresponsabilidad social, entre mujeres, hombres, sociedad y el Estado; rompiendo con la visión patriarcal de los cuidados como “responsabilidad de las mujeres” que han dado lugar a su injusta redistribución con impactos en la vida de las mujeres jóvenes y adultas.
La Red INSP!R demanda a los Estados de la región y actores de la sociedad civil a trabajar en la implementación de un modelo de desarrollo y política económica que ponga en el centro el cuidado de la vida como un bien público. A trabajar en la construcción de políticas integrales de cuidado y nuevos pactos fiscales con perspectiva de género, incluyente e interseccional que nos permitan avanzar hacia la universalización de los sistemas de protección social, trabajo decente y educación, en armonía con el planeta como el camino a una recuperación sostenible y justa.
